(1) Hacia la independencia económica

Perón había prestado juramento el 4 de junio de 1946. El país “visible”, entre atribulado y expectante, asistió a ese acto que prefiguraba la iniciación de una nueva etapa. A diferencia de Justo, que había asumido el gobierno con ropas civiles, lo hizo vistiendo el uniforme de general: la indiscutible legitimidad de su mandato —sustentado en la voluntad popular— no requería “disimular” su condición de militar.

El discurso inaugural ante la asamblea legislativa fue algo más que un mero formulismo, y delineó algunos de los principios que orientarían su gobierno. Se declaró orgulloso de “haber llegado a la más elevada magistratura por el consenso de voluntades que repudian la presión ajena, por el asentimiento de cuantos anhelan que la justicia prevalezca sobre el interés”.

Asimismo, advirtió que estaba dispuesto a ejercer el mandato popular sin admitir presiones ni limitaciones: “daré siempre más importante a las realizaciones prácticas inmediatas que a las discusiones bizantinas sobre la estructura de los organismos… Más que buenos proyectistas, necesitamos decididos realizadores”. Era una revolución la que se iniciaba, y las revoluciones no pueden detenerse en los aspectos formales.

El primer gabinete incluiría algunos funcionarios que se habían desempeñado durante el gobierno de Farrell. En cambio, marcaría una clara diferenciación con las administraciones conservadoras y radicales anteriores. No eran hombres que carecieran de experiencia o capacidad —según se diría por entonces—, pero sí faltaba el “prestigio social” de los ministros de otras épocas. Muchos eran hombres jóvenes y no todos habían salido de las aulas de la universidad, porque Perón necesitaba ejecutores antes que teóricos.

A Interior iba Angel Borlenghi, dirigente del Sindicato de Empleados de Comercio. A Relaciones Exteriores, el doctor Juan Atilio Bramuglia, abogado de gremios. A Obras Públicas, el general Juan Pistarini, que había desempeñado el mismo cargo desde 1943, al igual que el ministro de Guerra, general Sosa Molina. Belisario Gache Pirán era ministro de Justicia e Instrucción Pública y Juan Carlos Picazo Elordy de Agricultura (antes había sido subsecretario de Industria y Comercio). El Ministerio de Hacienda quedaba a cargo de Ramón Cereijo y el de Marina, del almirante Anadón. Rolando Lagomarsino era secretario de Industria y Comercio, Ramón Carrillo de Salud Pública y José María Freyre —dirigente sindical— de Trabajo y Previsión.

Había tres secretarios de Presidencia: Oscar Silva, Román Subiza y José Figuerola, éste último, un abogado y estadígrafo catalán que tendría a su cargo gran parte de la labor de planificación del nuevo gobierno. Era el equipo nuevo y dinámico que requería Perón para producir los profundos cambios que anunciaba, y que ya habían comenzado a llevarse a cabo en la última etapa del gobierno militar.

En el aspecto económico, mucho más que el ministro de Hacienda, el artífice de esos cambios sería don Miguel Miranda, un empresario de la industria de la alimentación que se desempeñaba como presidente del Banco Central recientemente nacionalizado, y que actuaría como virtual jefe del área. Miranda estaba vinculado a Perón desde 1944, cuando cumpliera servicios en el Banco Industrial y luego en el Consejo Nacional de Posguerra. Sus colaboradores inmediatos serían Orlando Maroglio y el ya mencionado Lagomarsino.

El 5 de junio, el ministro Bramuglia pudo ya formular un anuncio de importancia: se reanudaban relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, interrumpidas desde 1917. La Argentina sería el primer país sudamericano que mantendría relaciones con Rusia y demás naciones socialistas.

El 27 de julio, con un acto en el Luna Park al que asistieron Perón, Borlenghi y Lagomarsino, se iniciaba oficialmente una “campaña de los 60 días pro abaratamiento de la vida”, que marcaba el comienzo de una larga serie de esfuerzos del nuevo gobierno por combatir el agio y la especulación con los productos de consumo popular.

Primeros obstáculos

No tardarían en manifestarse los primeros obstáculos. En el mes de agosto, el Congreso —de amplia mayoría peronista— ratificó el Acta de Chapultepec y la de las Naciones Unidas. Era evidente que, aunque Perón estuviera determinado a mantener una política exterior independiente —como lo señalaba la vinculación diplomática con la Unión Soviética—, la Argentina no podía permanecer aislada en el mundo de posguerra. Pero la medida despertó la enconada oposición de grupos nacionalistas, como sucediera con la declaración de guerra al Eje.

Poco antes, en el mes de julio, la bancada peronista de diputados había pedido el juicio político a cuatro de los miembros de la Corte Suprema, bajo la acusación de haber reconocido al gobierno de facto surgido en 1943. A nadie escapaba que se trataba de un pretexto: la Corte —bastión del viejo país liberal— había anulado algunos decretos del anterior gobierno y había cuestionado la constitucionalidad de la Secretaría de Trabajo. Difícilmente podría convivir con el proceso de transformación que el peronismo iniciaba en el país sin obstaculizarlo.

La cuestión culminaría algunos meses después, con la remoción de tres de los magistrados. Si el procedimiento merecía objeciones formales, debe entenderse desde la óptica de un gobierno revolucionario que necesitaba concentrar el poder. La legitimidad del mismo procedía de un indiscutible consenso popular y Perón no se mostraba dispuesto a admitir trabas institucionales.

Por lo demás, la composición del Congreso —ciento nueve diputados oficialistas contra cuarenta y nueve opositores, amplia mayoría en el Senado— reflejaba ese consenso, y permitiría a Perón gobernar sin transgredir en exceso las tradicionales reglas de juego de la política liberal. Que, por cierto, tampoco habían sido respetadas a ultranza por los gobiernos radicales y conservadores: baste recordar el “fraude patriótico” de estos últimos o las intervenciones provinciales de Yrigoyen. Tales transgresiones, cuando las hubo, preocuparon seriamente a los “democráticos”, pero poco a los sectores populares, que se sentían por primera vez representados. No se trataba de una cuestión de democracia formal sino esencial, por la legitimidad de su origen.

El Primer Plan Quinquenal y la política económica

El 21 de octubre Perón presentó al Congreso el Plan Quinquenal de Gobierno, previsto para el período 1947-1951, preparado bajo la dirección del Secretario Técnico de la Presidencia José Figuerola.

Era la primera vez que se abordaba en el país un intento de planificación de la evolución social y económica, en conformidad con el nuevo papel asignado al Estado en esa materia. En verdad, esa tarea hubiera resultado poco menos que imposible en años anteriores, en razón de la casi nula información estadística acerca de la situación nacional, tanto en el aspecto económico como en el demográfico.

A partir de 1943 se había procurado superar ese retraso mediante los relevamientos efectuados por el Consejo Nacional de Posguerra y la creación —en 1944— del Consejo de Estadísticas y Censo. De todas formas, aún era escasa la experiencia internacional en materia de planificación y correspondería al gobierno peronista el mérito de ser uno de los precursores en reconocer su importancia.

Nota: Para tener una dimensión real del caudal transformador del Primer Plan Quinquenal aconsejamos ver la obra: Justa, libre y soberana en la tercera y cuarta entrega de esta colección.

 

El Plan resumía los proyectos del gobierno en cuanto a transformación de la economía, ampliación de los programas de salud pública, educación, bienestar social y fortalecimiento de la defensa nacional. Si bien incluía medidas relacionadas con la reorganización administrativa, judicial y educacional y el estímulo a la inmigración, el principal objetivo trazado era la promoción de la industrialización del país.

Según las resume Antonio Cafiero, las metas trazadas por el primer Plan Quinquenal eran:

1. Concepción y realización de un plan de desarrollo integrado y expansión industrial;
2. eliminación de factores de vulnerabilidad externa (rescate de la deuda, nacionalización de servicios públicos);
3. elevación del nivel de vida de la población mediante redistribución de la renta y planes de obras y servicios públicos (educación, vivienda, salud);
4. destinar parte de las reservas y ganancias externas a financiar dicho programa;
5. política autónoma frente a los organismos internacionales. Desarrollar la capacidad negociadora del país frente a los compradores externos;
6. movilizar los recursos nacionales, acelerar la capitalización industrial y expandir el mercado interno.
   

Era la expresión más o menos resumida de un proyecto que se proponía la modificación sustancial de las condiciones imperantes en la economía argentina de preguerra, algunas de cuyas iniciativas más importantes ya habían sido puestas en marcha en los últimos días del gobierno de Farrell.

El desarrollo dependiente del país, consolidado en las últimas décadas del siglo pasado, se caracterizaba por la fisonomía monoproductora y la preponderante orientación hacia los mercados externos, con la consiguiente vinculación del nivel económico interno a las fluctuaciones internacionales.

La excesiva preponderancia del capital foráneo en las finanzas y la estructura de comercialización y transportes, así como los servicios de tales inversiones y del endeudamiento externo, aumentaban esa vulnerabilidad: la Argentina no manejaba los precios de sus exportaciones ni el volumen de los medios de pago internos, y transfería al exterior una parte sustancial del valor de la producción nacional. La desigual distribución de la riqueza determinaba la carencia de un mercado interno capaz de sustentar un crecimiento económico autónomo. Había desocupación y un proletariado mayoritariamente falto de especialización desorganizado y mal remunerado.

Frente a esas deficiencias estructurales, la nacionalización del Banco Central —decretada por Farrell, a pedido de Perón, semanas antes de asumir éste la presidencia— constituyó el paso fundamental de una profunda reforma económica y financiera. Era una medida revolucionaria, que posibilitaba a la nación recuperar el manejo de sus medios de pago, al concentrar en el Banco Central la facultad de emitir dinero.

Al mismo tiempo, los demás bancos serían receptores de los depósitos por cuenta del Central que regulaba —mediante el manejo de la tasa de redescuento— la capacidad prestable y el destino de los fondos, poniendo así el crédito al servicio del desarrollo de las actividades consideradas prioritarias.

Se eliminaba la función de respaldo del oro y las divisas, que se utilizarían como reservas para atender las necesidades de pagos externos del país, adecuando así el nivel de los medios de pago internos a las necesidades del desarrollo: la moneda sería vehículo para la producción, distribución y consumo de la riqueza.

Quedaba instituido también el control de cambios. El Banco Central, mediante tipos diferenciales, regularía las reservas de divisas, determinando la forma en que deberían utilizarse. Se regulaban así las importaciones, brindando protección a la producción nacional y privilegiando las compras necesarias para el desenvolvimiento de la economía.

Esto se complementaba con la especialización de las instituciones de crédito, tales como el Banco Hipotecario, que permitía atender las necesidades sectoriales en esa materia.

La creación del IAPI

Pero acaso la máxima expresión de esa política económica audaz y transformadora, fue la creación del I.A.P.I. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), también dependiente del presidente del Banco Central Miguel Miranda, que constituyó prácticamente la nacionalización del comercio exterior.

Tradicionalmente, la comercialización de la producción agropecuaria era realizada por una red de acopiadores y consorcios exportadores, en gran parte extranjeros. El I.A.P.I. sustituyó a estos consorcios, comprando a los productores a un precio fijado y negociando la venta en forma directa con el comprador externo. Se establecía así un monopolio de venta que se oponía al monopolio comprador, haciendo posible la obtención de precios sin precedentes. Un diario londinense se refirió a la cuestión diciendo: “Juan y Miguel —vale decir Perón y Miranda— nos esquilman”, mientras que otro de París afirmaba que la Argentina vendía su cereal “a precio de revólver”.

Al mismo tiempo, el I.A.P.I. derivaba los beneficios obtenidos de las ventas en el exterior a la adquisición de materias primas esenciales y bienes de capital (función que también centralizaba), así como al gasto social. Era un mecanismo de transferencia de ingresos del sector agropecuario hacia la incipiente industria, así como de redistribución de la riqueza a través del gasto social.

En otros términos, se expropiaba una parte de la renta diferencial con la que se beneficiara tradicionalmente la producción agropecuaria pampeana, en beneficio del resto de la economía.

“Miranda llegó justo —diría Arturo Jauretche—, porque en ese momento el país necesitaba un hombre sin prejuicios de escuela, con una sólida formación empresaria no universitaria, y con la suficiente audacia para construir (…). Tenía un claro concepto de la inflación, y sabía que era inevitable a raíz del cambio de condiciones del mercado. Entonces creó los instrumentos de regulación a través de la banca. Todavía se acusa a Miranda de haber utilizado los ahorros de los bancos para las operaciones del I.A.P.I., pero se oculta que los consorcios exportadores nunca han operado con otro capital que los préstamos bancarios. También se dijo que el I.A.P.I. se convirtió en un impuesto a la producción agropecuaria, pero el mismo impuesto significaban las utilidades de los consorcios, con la diferencia de que Miranda hizo capitalizar esas utilidades a favor del rápido desarrollo nacional”.

La Argentina había emergido de la guerra con una gran disponibilidad de reservas —acumuladas por la imposibilidad de importar durante la contienda—, depositadas en la banca británica y norteamericana. A partir de 1946, esos saldos favorables fueron utilizados para tres objetivos principales. En primer lugar, se adquirieron bienes de capital destinados al reequipamiento industrial, la expansión de la flota mercante, petrolera y aérea, el reequipamiento de material ferroviario y vial. En segundo término, se encaró el rescate de la deuda externa (empréstitos nacionales, provinciales y municipales). Finalmente, se destinó una parte importante a la nacionalización de servicios públicos (Unión Telefónica, Ferrocarriles, instalaciones portuarias, etc.).

 

La justificación de la política económica

 

El destino dado a esos fondos sería motivo de numerosas críticas al gobierno peronista. La mayoría de las mismas pone el acento en que se habría desperdiciado una inmejorable oportunidad para sentar las bases de la industria pesada, dando prioridad en su lugar al desarrollo de la industria de bienes de consumo final, a las nacionalizaciones y al gasto social excesivo. Argumentos del mismo tenor se emplean en relación con los recursos provenientes del I.A.P.I.: muchas veces se ha dicho que las importaciones de equipamiento industrial efectuadas por ese organismo consistieron en “compras de hierro viejo” (también se diría de los ferroviarios).

Dos líneas argumentales pueden oponerse a estas objeciones. En primer término, existe una justificación en el estricto sentido económico: no existían condiciones fáciles para el reequipamiento industrial intenso que la industria pesada hubiera requerido. Las economías europeas estaban en proceso de reconversión desde la guerra y no había oferta de bienes de capital. Los saldos acumulados de la Argentina no eran de libre disponibilidad en su mayoría (libras bloqueadas en la banca londinense) y no permitían acceder a los mercados de Estados Unidos.

Ciertos materiales críticos, directamente no estaban disponibles porque su venta fue suspendida. Por lo demás, las divisas bloqueadas estaban sujetas a devaluación en caso de no utilizarse en relación con este último punto, debe también considerarse la incidencia de la hipótesis de una tercera guerra mundial, que numerosos indicios parecían señalar por aquellos momentos.

Según afirma Gómez Morales: “Cuando Miranda trazó su política tuvo muy en cuenta los informes que le suministraban los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas donde se aseguraba un inminente enfrentamiento entre los Estados Unidos y la URSS. La postguerra no llegaría a seis años, decían los expertos en informaciones bélicas… La crisis de Berlín pareció confirmar esas presunciones. Miranda (…) pensó en abastecer al país utilizando los saldos de divisas, porque un nuevo conflicto volvería a bloquearlos, irremediablemente, desvalorizándolos”.

Además, y siempre en el orden económico, se siguió una secuencia natural desde el punto de vista de la economía privada: expansión del mercado interno, desarrollo de la industrialización productora de bienes de consumo final e intermedio, hasta crear una demanda para la industria pesada, concebida como fase posterior (se contemplaría en el Segundo Plan Quinquenal, ya afianzado el régimen).

En cuanto a la política de nacionalizaciones y rescate de la deuda externa, su justificación económica se advierte si se tiene en cuenta el monto anual de remesas financieras implicadas por el pago de los servicios de la misma, con el añadido de los beneficios de ferrocarriles, gas, teléfonos, seguros, fletes marítimos, servicios eléctricos y otros conceptos, que según diría Perón alcanzaba unos seis mil millones de pesos anuales. “Si consideramos que el monto de nuestra producción anual no pasaba de los diez mil millones de pesos, se tendrá la verdadera sensación de para quién trabajaban los argentinos”, afirmaría el presidente.

Pero el conjunto de la política económica no sería comprensible, sino en el marco más amplio de la profunda transformación de las estructuras políticas y sociales del país que el peronismo se proponía llevar a cabo. Esa transformación requería, inevitablemente, la dignificación de las condiciones de vida de la clase trabajadora y el desarrollo de un alto grado de conciencia social en los sectores populares, que habrían de dar sustento al proyecto político de Perón: la Autodeterminación Popular en una nueva Democracia Social.