(3) Estalla la revolución

Es que en la mañana del 3 ocurrió uno de esos imponderables que modifican la historia.

A las diez, un periodista amigo del teniente coronel González —Oscar Lomito, cronista de Casa de Gobierno de La Razón— le había dicho por teléfono que el ministro de Marina, Fincati, acababa de salir de su Ministerio llevándole a la firma del presidente un decreto que “separaba” a Ramírez de su cargo y lo ponía interinamente a cargo del titular de Marina.

No hay constancia de tal decreto, y todo induce a suponer que era un simple rumor. González, sin confirmarlo, lo tuvo por cierto. Sería el detonante que desencadenaría la revolución del 4 de junio.

González da su “exoneración” a Ramírez, pidiéndole “que lo deje en libertad para tomar contramedidas”. No está claro si el ministro de Guerra entendió que éstas serían un “planteo” del Ejército para mantenerlo en el cargo o una revolución que derrocase a Castillo antes de firmar el desplazamiento.

Ramírez lo dejó en libertad de obrar: la única condición que parece haberle impuesto fue que en caso de revolución fuese un general y no el GOU quien encabezase el pronunciamiento.

González se puso de inmediato en contacto con Perón (presumiblemente en la oficina de éste en la Inspección de Tropas de Montaña). Perón entiende, como es comprensible, que el desplazamiento sin renuncia de Ramírez no solamente es un agravio al Ejército, sino descabeza al GOU, que había jurado responder directa y exclusivamente al ministro de Guerra.

“Ha llegado el momento de actuar”, dijo a González. Los miembros del GOU que revistaban en la Inspección (general Farell, tenientes coroneles Mercante, Juan Carlos Montes y Rafael Sarmiento, mayores Serafín Maidana y Fernando González) o la frecuentaban (Miguel Angel Montes, Tomás Ducó) apoyaron al coordinador.

Conjeturablemente se habría consultado —telefónica o personalmente— a los gouistas del “primer escalón”.

La logia estaba en condiciones de levantar al Ejército en pocas horas. Como la 1ª. División estaba a cargo de un amigo personal de Castillo, el general Bassi, conjeturablemente se resolvió a iniciar el movimiento con la marcha de Campo de Mayo y Liniers sobre Buenos Aires.

Solamente seis jefes de unidades eran miembros del GOU, pero se descartaba que la magnitud de la ofensa movería a todo el acantonamiento.

Los demás gouistas se distribuyeron para informar a los oficiales logistas, especialmente los de la 1ª. División, y 2 y 3 de Infantería, a cuyos comandantes se sabía leales a Castillo, a fin de que desacataran sus órdenes. Antes de iniciar el cometido, Miguel Angel Montes redacta una proclama revolucionaria que Perón hizo imprimir para repartirla a los oficiales de enlace.

La Maquinaria marcha como un reloj. Los jefes de Campo de Mayo y Liniers con mando de tropa fueron invitados a reunirse esa noche a las veintidós en la Escuela de Caballería, donde González llevaría la representación del ministro de Guerra.

Totalmente ajeno a la tormenta, Patrón Costas reunía esa tarde a sus amigos para leerles el discurso aceptando la candidatura presidencial que al día siguiente, a las dieciocho horas, debía proclamar la convención demócrata nacional en el salón Príncipe Jorge: “Es éste el momento más solemne y grave de mi vida…”.

La jefatura del general Rawson

¿Cómo surgió la jefatura del general Arturo Rawson, que encabezó la marcha de Campo de Mayo y asumiría —aunque por pocos días— la presidencia de la República?

Ramírez había pedido que en caso de decidirse la revolución fuera un general y no la logia de oficiales que apareciese al frente.

La idea del GOU era que correspondía al inspector general del Ejército, general Martín Gras, tanto por su rango como por su prestigio profesional. Pero Gras, verídica y simuladamente, se disculpó por “encontrarse postrado por una enfermedad repentina”.

Debía encontrarse otro general. La logia contaba con uno, Edelmiro Farell. Pero no fue el inspector de Tropas de Montaña, sino Arturo Rawson, comandante de la Caballería, quien cumplió el cometido.

González parece que accidentalmente habló a mediodía con el general Rawson de la exoneración del ministro de Guerra y el descontento de los militares y, descartadamente, lo invitó a plegarse al movimiento: la oposición de Rawson a Castillo era conocida, se trataba de un militar de prestigio y coraje. González no debió ser claro porque Rawson —que nada sabía del GOU— creyó que “ante la renuncia (obligada) del ministro de Guerra” debía aprovecharse “la circunstancia de la crisis” para hacer (la propia) revolución.

Creerá toda su vida, de buena fe, que “la revolución fue, efectivamente, precipitada por mí”. No pudo hablarle González de encabezar el movimiento porque no estaba autorizado para ello, y en esos momentos (primeras horas de la tarde) en la Inspección de Tropas de Montaña se creía que el general Gras saldría al frente de las tropas si la insistencia de Castillo en desprenderse de Ramírez obligaba a deponerlo.

Simplemente informó a Rawson de un “malestar en el Ejército” y el general creyó que el secretario del ministro de Guerra lo invitaba a hacer una revolución.

Desde ese momento, Rawson obró como jefe de una revolución. Visitó a Ramírez al Ministerio de Guerra, que le confirmó de su deposición, como también de que personalmente no tomaría decisión alguna, porque eso incumbía a los camaradas.

González habrá dicho a Rawson que Farell y Perón estaban entre los militares descontentos, porque del Ministerio, Rawson fue a la Inspección de Tropas de Montaña para comprometerlos en “su” revolución, y también debió comprometer a sus elementos propios (el general Mason y los almirantes Sabá y Benito Sueyro, con quienes “conspiraba” en el hotel Jousten).

La reunión en la Escuela de Caballería

Los comandantes de campo de Mayo (tres coroneles: Elbio Anaya, Jefe de Acantonamiento; Eduardo Avalos, director de la Escuela de Artillería, y Emilio Ramírez, director de la Escuela de Suboficiales), seis tenientes coroneles con mando en unidades, (Leopoldo Ornstein, de la Escuela de Caballería, Aníbal Imbert, de Comunicaciones; Rodolfo Rosas y Belgrano, subdirector de la Escuela de Infantería; Héctor Nogués, de la Defensa Antiaérea; Antonio Carosella, del 1º de Caballería, y Romualdo Araoz, del 10º de la misma arma), un teniente coronel con mando de tropa expresamente de Liniers (Indalecio Sosa, del 8º de Caballería) y tres tenientes coroneles sin mando directo (González, secretario del Ministerio de Guerra; Fernando Terrera, jefe de Estado Mayor de Anaya, y Carlos Vélez, ayudante de González) se reunieron a las veintidós horas en la Escuela de Caballería de Campo de Mayo para informarse de la situación y resolver la actitud del acantonamiento.

González informó la producida, o inminente, exoneración del ministro de Guerra. A todos les pareció que era un agravio al Ejército y Campo de Mayo debía ponerse en pie de guerra para sostener al ministro, y en caso necesario, derrocar al presidente. A medianoche llega la proclama redactada por Montes y que Perón había hecho imprimir, que debería distribuirse en caso de “salir a la calle”. Como se descartaba, no se encuentran objeciones y es aprobada.

La mayoría de los jefes se retiran para “poner en pie de guerra” sus unidades por si se daba la orden de marcha. No todos tienen un cometido fácil: Rosas y Belgrano debe levantar la Escuela de Infantería en ausencia de su director, coronel Mascaró, y Sosa sublevar o anular al vecino Regimiento de Ciudadela, cuyo jefe es decididamente legalista.

La proclama revolucionaria

Es un documento ad usum militaris que invoca el supremo derecho de las armas de tutelar los sagrados intereses de la patria contra el fraude, la venalidad, el peculado y la corrupción.

Fuera del “fraude”, lo mismo decía la de 1930, solamente que con signo distinto. Pero en 1930 las armas equivocaron el remedio y dieron origen a la década infame: ahora devolvían al pueblo sus derechos y garantías conculcados. No era la primera, ni será la última vez: en 1955, 1962, 1966, 1976, las equivocaciones y los remedios se sucedieron sin mellar “la misión y esencia de las Fuerzas Armadas”.

La proclama de Montes de 1943, como la de Lugones de 1930, era un tejido de buenas intenciones que cumpliría el supremo derecho tutelar, Lugones quería sinceramente una revolución, pero debió resignarse a que la diplomacia de Sarobe la corrigiera; tal vez Montes quisiera una revolución a la manera de las Noticias del GOU, y el buen tino de Perón habrá testado —y agregado— lo más conveniente para sumar voluntades, que es el solo objeto de las proclamas. Cumplido el objeto se echan al cajón de los desperdicios y queda la “revolución”.

Decía la Proclama de Montes y Perón:

“Las FF.AA. de la nación, fieles y celosas guardianas del honor y tradiciones de la patria, como asimismo del bienestar, los derechos y libertades del pueblo argentino, han venido observando silenciosa, pero muy atentamente, las actividades y el desempeño de las autoridades superiores de la nación. Ha sido ingrata y dolorosa la comprobación. Se han defraudado las esperanzas de los argentinos adoptando como sistema la venalidad, el fraude, el peculado y la corrupción. Se ha llevado al pueblo al escepticismo y a la postración moral, desvinculándola de la cosa pública explotada en beneficio de siniestros personajes movidos por la más vil de las pasiones.

Dichas fuerzas, conscientes de la responsabilidad que asumen ante la historia y ante el pueblo, cuyo clamor ha llegado a los cuarteles, deciden cumplir con el deber de esa hora que les impone SALIR EN DEFENSA DE LOS SAGRADOS INTERESES DE LA PATRIA.

PROPUGNAMOS la honradez administrativa, la unión de todos los argentinos, el castigo de los culpables y la restitución al Estado de todos los bienes mal habidos.

SOSTENEMOS nuestras instituciones y nuestras leyes, persuadidos que no son ellas, sino los hombres quienes han delinquido en su aplicación.

ANHELAMOS firmemente la unidad del pueblo argentino, porque el Ejército de la patria, que es el pueblo mismo, luchará por la solución de sus problemas y la restitución de derechos y garantías conculcados.

LUCHAREMOS por mantener una real e integral soberanía de la nación, por cumplir firmemente el mandato imperativo de su tradición histórica, por hacer efectiva una absoluta, verdadera y leal unión y colaboración americana y cumplimiento de los pactos y compromisos internacionales.